PRIMER PASO PARA LA CREACIÓN DEL FONDO DE COMPENSACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DE AMIANTO

UGT, CCOO y la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto saludan la inclusión de la enmienda en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, aun con una cuantía insuficiente, pero que debe dar pie a la aprobación inmediata de la proposición de Ley para la creación de un fondo de compensación de las víctimas del amianto, actualmente en tramitación.

El anuncio en el día de ayer del acuerdo alcanzado en la  Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados para aprobar una enmienda transaccional al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022 acordada por PSOE, Unidas Podemos, EH Bildu y ERC, que incluirá una partida de 25 millones de euros destinada a indemnizar a las víctimas del amianto, es, a juicio de la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (FEDAVICA), CCOO y UGT, un paso en la dirección adecuada para empezar a solucionar el problema del reconocimiento y compensación de las personas afectadas por este agente tóxico y cancerígeno. De hecho, la inclusión de esta enmienda fue una de las reivindicaciones planteadas por FEDAVICA, UGT y CCOO en la reunión que mantuvimos con los grupos parlamentarios de Unidas Podemos y el PSOE el pasado 3 de noviembre en el Congreso de los Diputados.

Sin embargo, tanto asociaciones de víctimas como sindicatos creemos que es un paso insuficiente, tanto por la cuantía como por la vigencia, limitada al ejercicio 2022, por lo que reiteramos nuestra exigencia de lograr una solución satisfactoria y permanente, que no es otra que la aprobación de la proposición de Ley para la creación de un fondo de compensación de las víctimas del amianto presentada por el Parlamento Vasco y actualmente en estudio en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso. La proposición fue admitida a trámite el 13 de abril por el Pleno del Congreso, pero ha venido sufriendo ampliaciones del periodo de presentación de enmiendas en la Comisión, la última esta misma semana, que han retrasado el inicio de su tramitación definitiva. Este hecho ya se produjo en la XII legislatura, en la que se presentó esta misma proposición de ley y cuyo retraso en su tramitación ya tuvo consecuencias negativas, ya que el adelanto de elecciones generales al principio de 2019 impidió su aprobación, a pesar de haberse alcanzado un consenso entre los grupos parlamentarios sobre su texto definitivo.

Por esta razón, desde FEDAVICA, CCOO y UGT exigimos a los grupos parlamentarios y la mesa de la Comisión que no se aprueben más ampliaciones del periodo de enmiendas y que no se demore más su discusión. Además, consideramos que el debate no debería empezar de cero sino retomando los consensos alcanzados por los grupos parlamentarios en el anterior intento de tramitación de esta proposición de Ley y teniendo en cuenta la posición de víctimas y representantes de las personas trabajadoras durante su discusión.

La creación de este fondo  de indemnización es una reclamación histórica de FEDAVICA, UGT y CCOO y serviría para que las víctimas del amianto y sus familias no tengan que luchar en los juzgados para reclamar sus derechos, con el elevado coste económico y personal que esto implica y el riesgo de obtener sentencias con resultados dispares. Además, nos equipararía a países de nuestro entorno, como Francia, Holanda o Bélgica, que ya cuentan con fondos de indemnización de estas características.

El registro de las enfermedades de origen laboral es una de las asignaturas pendientes del sistema preventivo español, sobre todo las de aquellas que tienen un largo periodo de la latencia entre la exposición y la materialización de la enfermedad, lo que dificulta el establecimiento del hecho causal y su reconocimiento como contingencia profesional. Es un problema que afecta a numerosas patologías, pero que al menos en el caso del amianto podría paliarse en gran medida con la creación del fondo de indemnización.

Y por último, no podemos dejar de recordar la necesidad de que el fondo amplíe su cobertura a las exposiciones ambientales en vecindarios afectados por instalaciones en las que se procesaban materiales con amianto, y a las exposiciones familiares, fundamentalmente de mujeres que estaban en contacto con la ropa de trabajo contaminada con amianto que sus esposos llevaban a sus domicilios.

 



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