Condenan a Uralita a pagar 167.400 euros como responsable de la muerte de uno de sus operarios

El Juzgado de lo social número 2 de Valladolid, el pasado 14 de enero de 2019, a condenado a Uralita al pago de 167.434 euros a la viuda de un trabajador de la empresa Uralita, por “su responsabilidad empresarial” en la muerte de uno de sus empleados que estuvo trabajando durante 13 años en su fábrica de Valladolid.
Según los hechos probados, recogidos en la sentencia, el trabajador había prestado sus servicios en la planta desde marzo de 1969 a abril de 1982, en la cual estuvo expuesto al amianto “sin que por parte de la empresa, hasta el año 1978, se efectuaran mediciones del grado de concentración de amianto en el ambiente”. En esta misma sentencia la magistrada atribuye como causa de la muerte del trabajador el “incumplimiento de las obligaciones preventivas por parte de la empresario” y “el incumplimiento de la normativa, vigente durante la vida laboral del actor”. Por esta razón declara la responsabilidad civil de la empresa.
En nuestro país, donde el amianto se prohibió hace ya más de una década, 5.830 personas fallecieron por mesotelioma del año 2000 al 2016, según los datos del registro de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística (INE), 4.376 eran hombres y 1.454 mujeres y la previsión es que hasta 2023 siga aumentando el número de casos, aunque a partir de esa fecha se estabilizarán las cifras. Anualmente se van a diagnosticar 700 casos.
Pese a que el uso del amianto está prohibido desde hace años, los daños que provoca su exposición se manifiestan muchos años después, lo que genera una gran dificultad a la hora de obtener compensaciones, debido a que muchas de las empresas donde ha habido trabajadores expuestos al amianto ya han desaparecido cuando la enfermedad les ha sido diagnosticada.
Es una reivindicación histórica de UGT la creación de un fondo estatal de compensación que evite a aquellas familias o trabajadores afectados un tedioso y costoso proceso judicial.
Para el sindicato, este Fondo de Compensación ayudaría a que las víctimas del amianto y sus familias no tengan que luchar en los juzgados para reclamar sus derechos, con el coste económico importante que esto supone y, por supuesto, el alto coste personal. Se trata, por tanto, de reparar esta injusticia social y crear un fondo de compensación como el que ya existe en otros países como Francia, Holanda o Bélgica.
Por ello UGT exige al Gobierno y a los grupos parlamentarios que se tramite de manera inmediata la creación del Fondo de Compensación para las Víctimas de Amianto, que aún no se ha puesto en marcha a pesar de que se aprobó en el Congreso de los Diputados el pasado mes de octubre de 2018, ya que los trabajadores y trabajadoras afectados por el amianto, así como sus familias, necesitan urgentemente que se haga justicia y les sean reparados los graves daños sufridos.
Además, UGT manifiesta la necesidad de poner en marcha un Plan de Acción Estatal para erradicar todas las fuentes de amianto existentes, para así cumplir con el objetivo de erradicación del amianto instalado en suelo europeo para el año 2032, establecido en el Dictamen de fecha 20-02-2015 CCMI/130 del Comité Económico y Social Europeo (CESE).



Asesoría de Salud Laboral
Programa de Campaña de Enfermedades Profesionales

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies